Esta política distingue entre una devolución voluntaria por cambio de opinión, el derecho legal de desistimiento y los derechos derivados de una falta de conformidad. Son situaciones distintas y tienen un tratamiento jurídico diferente.
En una compraventa celebrada presencialmente en el establecimiento, el derecho de desistimiento solo existe cuando una norma lo reconoce o cuando el propio vendedor lo haya ofrecido o pactado.
Por tanto, la mera decisión posterior de no querer el vehículo no genera, por sí sola, un derecho a resolver la operación y recuperar el precio.
Cuando el contrato se celebra a distancia —por ejemplo, íntegramente por internet, teléfono o medios equivalentes— o fuera del establecimiento, el consumidor dispone con carácter general de 14 días naturales para desistir, salvo las excepciones legalmente previstas.
Sabex Automotive aplicará ese derecho cuando corresponda legalmente.
La ley excluye del desistimiento, entre otros supuestos, determinados bienes confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor o claramente personalizados.
Si una operación concreta entra en una excepción legal, se informará de ello de forma expresa antes de la contratación.
Esta política no limita los derechos obligatorios del consumidor cuando exista una falta de conformidad del vehículo. En esos casos se aplicarán las medidas correctoras legalmente previstas.
En bienes de segunda mano vendidos por un profesional, el plazo general puede pactarse por debajo de tres años, pero nunca por debajo de un año desde la entrega.
Significa que Sabex Automotive no reconoce una devolución voluntaria de un vehículo correctamente entregado y conforme con el contrato únicamente porque el comprador:
En contratos a distancia o celebrados fuera del establecimiento, el consumidor dispone, con carácter general, de 14 días naturales para desistir sin necesidad de justificar su decisión, salvo que concurra una excepción legal.
En una compraventa de bienes, el plazo se computa normalmente desde que el consumidor o un tercero indicado por él adquiere la posesión material del bien.
Si el vehículo ha sufrido una disminución de valor derivada de una manipulación superior a la necesaria para comprobar su naturaleza, características y funcionamiento, podrá aplicarse la responsabilidad prevista legalmente por esa disminución de valor.
Si el vehículo no es conforme con el contrato, el comprador consumidor mantiene los derechos que le atribuye la legislación de consumo. La respuesta jurídica dependerá de las circunstancias de la falta de conformidad.
La normativa prevé, según proceda, la puesta en conformidad mediante reparación o las demás medidas legalmente previstas. La reducción del precio o la resolución del contrato proceden en los supuestos establecidos por la ley; la resolución no es una consecuencia automática de cualquier incidencia menor.
En vehículos usados pueden existir signos de uso, desgaste o características propias de su antigüedad y kilometraje. Cuando una característica concreta se aparte de los requisitos objetivos ordinarios de conformidad, deberá ser informada específicamente y aceptada de forma expresa y separada por el consumidor para producir los efectos previstos legalmente.
La devolución o pérdida de una cantidad entregada como reserva, señal o anticipo dependerá de la naturaleza jurídica y del contenido del documento suscrito en cada operación. Ninguna cláusula de reserva podrá utilizarse para eliminar derechos imperativos del consumidor cuando estos resulten aplicables.
Cuando el comprador actúe como empresario o profesional y la adquisición se integre en su actividad empresarial o profesional, el régimen de protección del consumidor puede no resultar aplicable. La operación se regirá por el contrato celebrado y por la legislación civil y mercantil que corresponda.
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Para cualquier comunicación relacionada con una operación: sabex.automotive@gmail.com
Esta página tiene carácter informativo y contractual general. No limita ni excluye derechos imperativos reconocidos por la legislación española. En caso de conflicto, prevalecerán la normativa aplicable y las condiciones particulares válidamente pactadas para cada operación.